Pronunciado en el Encuentro con los candidatos a la presidencia 2012

“La Igualdad Real entre mujeres y hombres en los programas electorales”.

Agradezco la oportunidad que se me brinda de participar en este evento. Extiendo mi agradecimiento a todas las instituciones que, de una forma u otra, han hecho posible esta reunión. De la misma manera, agradezco a cada uno y cada una de ustedes su presencia y atención.

Se ha hecho costumbre felicitar a las mujeres en este día, establecido internacionalmente para conmemorar la lucha por la igualdad de género.

Por mi parte, quisiera aprovechar la ocasión para reflexionar y proponer.

Mi punto de partida es que una sociedad que limita a sus mujeres es una sociedad que se limita a sí misma.

Mi enfoque general es un enfoque de derechos.

Considero que la perspectiva de género debe ser transversal a todas las políticas públicas.

A partir de estas premisas, orientaré mis reflexiones en cuatro direcciones. Me referiré, en primer lugar, al tema de la integridad física y moral de la mujer. Inmediatamente después, abordaré la cuestión de la discriminación de la mujer, para pasar luego al desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, ofreceré mi punto de vista sobre la  participación política de la mujer.

Con relación a cada una de estas vertientes propongo cambios legislativos, educativos y culturales. Como propuesta general planteo abrir espacios de información y diálogo sobre le respeto de los hombres hacia las mujeres.

La integridad física y moral de la mujer

La sociedad dominicana es una sociedad cada vez más violenta. La violencia intrafamiliar, y concretamente la violencia hacia la mujer, se ha convertido en una emergencia de salud no declarada en la República Dominicana. Esta violencia está acabando con más vidas que el cólera o el dengue.

La violencia intrafamiliar genera agravios psicosociales que acompañan de por vida a las víctimas. El 30 por ciento de las mujeres dominicanas ha sufrido violencia. Las  denuncias van creciendo año tras año y están abarrotando el sistema de justicia. Por sus características y, sobretodo, por la ideología machista dominante, el sistema termina no considerando todas las denuncias e ignorando de manera indolente a las víctimas, con lo que se las expone, desprotegidas, a sus agresores.

En materia de violencia de género los administradores de justicia son insuficientes, mal pagados, no siempre tienen la formación ni la sensibilidad requeridas y las leyes no siempre están debidamente enfocadas desde la perspectiva de  los derechos de las mujeres.

Con relación a la descripción que acabo de hacer, mi planteamiento es el que expongo a continuación.

Con la violencia se renuncia a la humanidad. Me pronuncio y lucho contra la masculinidad agresiva que nos arropa, producto de las frustraciones que se acumulan en una sociedad machista.

Esta masculinidad agresiva se traduce en agresiones crecientes de hombres contra mujeres, de hombres contra hombres y de hombres contra sí mismos, a través del suicidio.

Las cifras que expresan el incremento del feminicidio en el país están ahí para confirmar lo que afirmo.

He hecho una formulación general sobre las graves desigualdades y contradicciones que caracterizan a la sociedad dominicana. He insistido en el agotamiento del modelo de crecimiento económico con injusticia social que ha orientado la evolución de la sociedad dominicana las últimas décadas y la necesidad de sustituirlo por un modelo de desarrollo progresista, humano e inclusivo.

A la par que propugno por esta transformación de fondo, abogo por una campaña contra la violencia, en sentido general.

De manera específica, con relación a la violencia que se ejerce contra la mujer, planteo la siguiente posición.

Las penas por feminicidio y violencia contra la mujer son muy bajas y, muy a menudo, el tratamiento es benigno para los victimarios y discriminatorio y vejatorio para las víctimas de parte de la Policía Nacional, fiscales y jueces. En muchos procesos se ha otorgado la libertad bajo fianza en casos de crímenes agravados; en otros, ha habido jueces que propician la reconciliación entre el victimario y la víctima, en detrimento de esta última. Son más que frecuentes los casos de mujeres que han solicitado protección y terminan siendo efectivamente agredidas e incluso asesinadas.

Se sabe que son escasos los centros para atender la violencia de género en el país: son solo 14 y no trabajan de noche ni los fines de semana que es cuando más se necesitan.

Esto no es suficiente para ofrecer una atención adecuada y oportuna a las mujeres víctimas de maltrato.

En caso de ser favorecido por el voto de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, desde la presidencia de la República propiciaré el incremento de las penas en los casos de violencia contra la mujer y violencia doméstica en sentido general, e impulsaré la revisión del comportamiento de policías, fiscales y jueces.

Me pronuncio a favor del mejoramiento de los presupuestos de los Ministerios de Educación y de la Mujer, así como el de la Procuraduría General de la República para el funcionamiento de la Unidad de Atención a las víctimas de violencia de género, entre otras necesidades.

En sentido general, el Presupuesto General del Estado tendrá un enfoque de género.

Favoreceré más educación para enfrentar la tolerancia y la permisividad social frente a la violencia de género. Para ello, impulsaré programas de formación e información desde el nivel preescolar, para enseñar otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres.

De la misma manera, trabajaré para la asignación de más recursos para la prevención de la violencia familiar; para educar en la resolución pacífica de conflictos. Lo fundamental es prevenir, con eficacia, coherencia y coordinación.

Algunos hablan de eliminar el Ministerio de la Mujer: por el contrario, considero que se le debe otorgar más recursos y más poder.

Sobre la discriminación de la mujer

A pesar de los avances logrados, en nuestro país subsiste una situación de discriminación de la mujer. No es fácil modificar antivalores culturales y hacer surgir formas nuevas de convivencia.

Por mi parte, apuesto a la generación de una ciudadanía activa que aporte a la promoción  de una nueva cultura cimentada en el respeto al derecho de los demás, y en caso específico que nos ocupa, basada en el respeto al derecho de las mujeres. Para impulsar este proceso hay que creer en él y respaldar esa creencia por una práctica efectiva.

Aprovecho esta ocasión para pronunciarme nuevamente, de manera clara y tajante, contra todo tipo de discriminación por motivos étnicos, religiosos, de sexo, de preferencia sexual, de definición ideológica o de militancia política. Dominicanas y dominicanos somos todos y todas.

Como parte de esta convicción trabajaré para lograr un empleo productivo que privilegie a la mujer, en el marco de la discriminación positiva.

Entiendo por discriminación positiva, en el empleo y la función publica, en igualdad de condiciones dar la preferencia a las mujeres. Los gobiernos que hemos tenido han practicado siempre la discriminación en sentido negativo: escogiendo siempre para los mejores puestos a los hombres, quienes son también los que mayoritariamente hacen las leyes, modifican la Constitución,  elaboran y aplican  las políticas de Estado. Es decir concentran y controlan el poder.

Un Estado dirigido por un hombre que crea,  por principio, en la equidad y que tenga el valor de hacerla efectiva, empezará por aplicar la discriminación positiva convencido de su impacto en el empoderamiento de las mujeres, y por consiguiente en su aporte a la equidad, al establecimiento de un justo equilibrio.

De manera específica, actuaré a favor de la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres frente al trabajo.

El Código de Trabajo mantiene derechos diferenciados a determinadas categorías de trabajadores. Este es el caso preciso de los trabajadores domésticos que son, en su inmensa mayoría, trabajadoras domésticas.

Estos trabajadores y trabajadoras tienen derechos disminuidos. Esto no se justifica. Me propongo equiparar los derechos de las y los trabajadores domésticos a los de las demás categorías de trabajadores, incluyendo su participación plena en los beneficios de la seguridad social.

Lo mismo me propongo en el caso de categorías de trabajadores donde predominan las mujeres y que son objeto de diversas formas de discriminación, acoso y desconocimiento de derechos en el trabajo. A título de ejemplo, señalo los casos de las trabajadoras de hoteles, bares y restaurantes, así como aquellas que trabajan en las bancas de apuestas.

Reitero mi compromiso con el cumplimiento pleno de los convenios internacionales del trabajo. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los legisladores y legisladoras aquí reunidos a fin de que ratifiquen los convenios 156, 183 y 189 de la OIT, que se refieren a la conciliación entre vida laboral y familia, a prestaciones en el caso de maternidad y al trabajo doméstico remunerado.

Estos convenios nos ayudarán a avanzar por el camino de la coparticipación de los hombres en las responsabilidades familiares, terreno difícil porque toca a la cultura y donde todavía tenemos un largo trecho por andar.

No puedo dejar de mencionar el gran esfuerzo que estamos obligados a realizar para superar las vergonzosas altas tasas de mortalidad materno-infantil de nuestro país.

Destaco, también, la necesidad de modificar la ley de Seguridad Social a fin de garantizar los recursos necesarios para la instalación y el mantenimiento de las estancias infantiles que se requieren. Con los recursos que capta el sistema en la actualidad apenas se puede satisfacer una parte ínfima de la demanda de estos servicios.

Derechos sexuales y reproductivos

Estos derechos son parte de los derechos humanos y su finalidad está centrada en que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y reproducción y deben garantizar entre otros:

• Acceso a servicios de salud integral, especializados, dirigidos específicamente a jóvenes incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, con calidad, y libres de prejuicios, sin discriminación por razón de edad, clase social, raza, sexo, u orientación sexual.
• Derecho a una educación sexual basada en información veraz, oportuna, científica y libre de prejuicios.
• Derecho a obtener información y acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces, asequibles y aceptables.
• Derecho a una información veraz, oportuna, científica, libre de prejuicios, sin discriminación alguna, que permita prevenir la infección por VIH-SIDA.
• Derecho a no ser rechazada en la institución educativa por estar embarazada.
• Derecho a participar con voz y voto en la creación de programas y políticas de salud sexual y reproductiva de y para jóvenes.
• Derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo,  a la capacidad de reproducirse y a la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo, con quién, y con qué frecuencia.

Equidad en la participación política e institucional

Más mujeres en política es igual a más democracia: un cambio cualitativo en la forma de ver y ejercer la política.

La participación de la mujer en la política seguirá siendo creciente. Favorezco esa tendencia. Es una puerta que se abrió y que no se puede cerrar.

Mientras más mujeres participen en la política más se animarán a hacerlo y eso es positivo para la sociedad porque contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de todos y todas.
Deseo destacar que el partido que presido, la Alianza por la Democracia, es el único partido de la República Dominicana que ha establecido una cuota de género en sus estatutos.

Estoy totalmente a favor de más mujeres en los órganos de decisión. En tal virtud expreso formalmente que impulsaré la participación paritaria de hombres y mujeres, tanto en el ámbito del gobierno como a nivel legislativo. La paridad nos ayudará a crecer, tanto a los hombres como a las mujeres.