Discurso ante el Senado de la República

20 de junio de 2007

Honorables Senadores:

Recibí la comunicación que me dirigiera el pasado viernes el Honorable presidente del Senado de la República, Lic. Reynaldo Pared, invitándome a comparecer ante ustedes en la tarde de hoy.

La interpelación forma parte de los instrumentos de que se han dotado las democracias contemporáneas. Aunque es más común en los sistemas parlamentarios, también está presente en los presidencialistas. Entre nosotros no ha sido muy habitual, considerando los niveles de desarrollo institucional que nos caracterizan.

Mi consideración particular es que la interpelación representa un instrumento muy útil para el ejercicio democrático que contribuye a la transparencia, atributo sin el cual ninguna democracia puede ser calificada realmente como tal. Comparezco, pues ante el Senado, cámara de la que formé parte durante el periodo de 1990 a 1994, como un deber institucional.

Debo sí, antes de entrar directamente en materia, hacer algunas precisiones a propósito del texto de la resolución de interpelación que aprobaron los honorables Senadores en su sesión del pasado martes 12 de junio.

Expresé públicamente, con toda responsabilidad, que se estaba tratando de modificar la ley sectorial de áreas protegidas, o ley 202-04, para traspasar al dominio privado  tierras del dominio público.

Dije que la  reducción de la extensión de las áreas protegidas beneficiaría intereses particulares en  detrimento del interés colectivo. Nunca manifesté, como señala seguramente por error la resolución senatorial, que los legisladores comprometidos con ese propósito estaban propiciando dicha modificación “para sacar provecho personal y apropiarse de parcelas pertenecientes a las áreas protegidas de los parques nacionales”.

Sé que muchos ciudadanos y ciudadanas han llegado a la conclusión anterior, partiendo de precedentes cercanos muy presentes en la memoria colectiva. Sin embargo, esas afirmaciones no formaron parte de mis planteamientos, como lo podrá comprobar cualquier persona o institución que revise, una por una, las trascripciones de mis intervenciones públicas con relación al tema.

Por otro lado, en la resolución del Senado se afirma que mis declaraciones fueron hechas “de manera irresponsable en absoluto desconocimiento de la realidad”. A mi modo de ver, con esta aseveración el Senado me está juzgando por adelantado, sin haberme escuchado.

Debo hacer otra puntualización. Según la resolución el Senado me ha invitado, exclusivamente, para que  aporte las pruebas correspondientes a las afirmaciones que formulé.

Estoy muy consciente de que los señalamientos que he formulado no han sido del total agrado de los honorables Senadores de la República. A ese propósito debo reiterar algo que ya he expresado a través de los medios de comunicación y es que no ha sido mi intención, en ningún momento, afectar la honra personal de ningún legislador.  No quiero que ningún senador ni diputado se sienta herido por mis señalamientos. Si este ha sido el caso debo decirles, a ellos personalmente y a sus familiares, que mi propósito no ha sido el de ofenderles. Solo he querido evitarle un daño a la República Dominicana. Esa fue la razón por la que colocamos el tema de la integralidad de las áreas protegidas como tema fundamental de la agenda pública nacional.

Dicho lo anterior, entro en materia. El sistema de áreas protegidas de la República Dominicana tiene una importancia determinante. Su razón de ser es la de proteger las muestras más representativas de la biodiversidad  existente en nuestro territorio, así como cuidar ecosistemas singulares que no aparecen en otros lugares del planeta. Estas áreas tienen también el objetivo de proteger y conservar procesos ecológicos esenciales, deteriorados en el resto del territorio nacional por la acción humana. En pocas palabras, las áreas protegidas brindan servicios  ambientales indispensables para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

El Caribe es reconocido como una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta y, dentro de la región, la isla Hispaniola se destaca por su alto endemismo. Esto hace de ella una reserva de incalculable valor para la humanidad.

Sin embargo, al día de hoy hay más de 100 especies amenazadas de extinción en la República Dominicana. Estas especies abarcan mamíferos, aves, reptiles, anfibios, moluscos e invertebrados.

La desaparición de especies de flora y de fauna es un fenómeno universal que se está agravando cada año con el cambio climático y el calentamiento global.  Los últimos informes científicos al respecto no dejan lugar a dudas y son realmente alarmantes, lo que ha provocado una gran movilización de gobiernos, académicos y científicos, así como de los más variados sectores de todas las sociedades del mundo.

Para encarar este grave desafío universal se han establecido acuerdos internacionales, siendo la República Dominicana signataria y, por tanto, compromisaria de la mayor parte de ellos.  En el cumplimiento de nuestras obligaciones no estamos solos, ya que muchos Estados y organizaciones internacionales, tanto de carácter público como privado, le han estado prestando su concurso a nuestro país para el estudio, mantenimiento y consolidación de nuestras áreas protegidas.

Uno de los instrumentos de protección de la naturaleza de mayor relieve en el mundo ha sido la creación de áreas protegidas.  Estas áreas de protección especial tienen una normativa global elaborada, en lo fundamental, por la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Esta organización, de carácter mixto al incorporar tanto organizaciones no gubernamentales como instituciones públicas, juega un rol determinante en la fijación de las categorías de manejo y en el ordenamiento de las áreas protegidas a nivel planetario.

No obstante la importancia que tienen estas reservas, tanto para los países que las albergan como para la humanidad entera, son muchos los que no entienden todavía su inmenso valor. Cuando no se advierte la importancia de los servicios ambientales que brindan las áreas protegidas, no se concibe su valor estratégico.  En estos casos se piensa solamente en la utilidad inmediata que pudiera derivarse de estos territorios especiales. No se va más allá del corto plazo y no se percibe el verdadero interés de la nación.

Y es que las áreas protegidas, como los recursos naturales en sentido general, tienen dos grandes enemigos: la pobreza y la codicia.  La pobreza, porque un hombre que ve morir de hambre a su hijo estará siempre tentado a depredar un recurso natural si ve en esta acción la solución a sus exigencias más inmediatas. Por esta misma razón la superación de la pobreza es un imperativo ético pero es  también una necesidad económica, social y ambiental.

La codicia es otro asunto.  En este caso estamos hablando de gente que no está compelida a actuar destruyendo el capital natural y, por tanto, a atentar contra el interés de la nación.  Se trata de personas que infringen los códigos éticos y legales en procura de beneficios ilegítimos e ilegales.

La historia reciente de nuestro país nos ofrece ejemplos patentes de lo que acabo de decir.  Me refiero a la lucha denodada que han llevado adelante determinados sectores para apropiarse del patrimonio de la nación mutilando las áreas protegidas.

La República Dominicana fue el penúltimo país de América Latina en dotarse de una Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hablo de la Ley 64-00. Esta ley, promulgada el 18 de agosto del año 2000, establece que la Secretaría de Estado creada por ella tendría como mandato elaborar diversas leyes sectoriales, contándose entre ellas la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad. La ley 64-00 fijó un plazo de 90 días para la elaboración de un anteproyecto de ley sectorial, agregando que dicho anteproyecto debía ser el producto de una amplia discusión democrática en el seno de la sociedad.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su gestión anterior no pudo cumplir con los plazos perentorios que determinó la Ley 64-00. En realidad, resultaba imposible elaborar una ley especializada, necesariamente compleja, en un plazo tan breve como el establecido. En la elaboración del anteproyecto de ley trabajaron una comisión coordinadora y 16 comisiones especializadas, que agruparon a un gran número de expertos nacionales y extranjeros. Se necesitó, pues, de tiempo y de recursos.

Fue a mediados del año 2002 que la Secretaría de Medio Ambiente pudo remitir un anteproyecto de ley al Poder Ejecutivo, limitado al tema de las áreas protegidas postergando así la cuestión de la biodiversidad. El presidente Hipólito Mejía remitió el anteproyecto al Congreso Nacional, pero este no fue aprobado de inmediato. Al acercarse el momento de las elecciones de 2004 y vislumbrarse el posible cambio de gobierno, se activó el trabajo de las cámaras legislativas con relación al anteproyecto.

Lo que sucedió luego es uno de los capítulos más vergonzosos en la historia del Congreso Nacional. Muchos legisladores olvidaron su sagrado deber de legislar para toda la nación y actuaron en función de intereses particulares. A pesar de un vasto movimiento de rechazo en la sociedad la ley fue aprobada contra viento y marea. El resultado fue una ley con errores conceptuales, ausencia de criterios técnicos, modificación arbitraria de categorías, áreas protegidas eliminadas o cercenadas, fraccionamiento de ecosistemas, errores cartográficos y de delimitación groseros.

En síntesis, en la aprobación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas se conjugaron la corrupción y la incapacidad.  Como ya afirmé antes, la elaboración del anteproyecto de ley había sido laboriosa y habían participado en él muchos expertos. Las cámaras legislativas no disponían del personal especializado y el trabajo que realizaron para modificar el anteproyecto fue pésimo. Al final, la ley fue aprobada pero quedó plagada de errores. Fruto de los intereses y la precipitación, hay áreas protegidas dominicanas cuyos límites salen del territorio y de las aguas territoriales dominicanas y se internan en territorios y aguas territoriales de otros Estados.

Un asunto clave en el establecimiento de la ley 202-04 fue la creación de las llamadas áreas nacionales de recreo. Bajo esta denominación se intentó establecer la posibilidad del desarrollo de infraestructuras en las playas del Parque del Este y en las del Parque Nacional Jaragua. Algunos llegaron incluso a pensar que dichas áreas habían sido “liberadas”, en el sentido de haber pasado del dominio público al dominio privado. A tal punto se extendió este criterio erróneo que muchos se aventuraron a realizar operaciones de venta en actos bajo firma privada, a veces por sumas millonarias en dólares. En realidad, el legislador de 2004 dejó establecido en la ley 202 de ese año que las llamadas áreas nacionales de recreo forman parte integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas dentro de la categoría 6 de la UICN, una de las que requiere niveles de protección. Como parte del sistema nacional dichas áreas se mantienen, dentro del marco de la ley 202-04, bajo la jurisdicción de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Durante los últimos tres años las actividades de la Secretaría de Medio Ambiente con relación a las áreas protegidas han tenido un carácter estratégico. Hemos trabajado para consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al mismo tiempo que hemos mejorado las condiciones y protección de las distintas áreas específicas. Al mismo tiempo hemos venido laborando en la modificación de la Ley 202-04, a fin de corregir sus errores e incongruencias y mejorar el régimen legal de protección.

 Cada una de las áreas protegidas debe ser dotada de un plan de manejo propio. Su establecimiento debe ser el resultado de un trabajo laborioso y especializado. Puedo anunciarles que antes de finalizar el presente año estarán establecidos los planes de manejo correspondientes a los parques nacionales Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez, así como los que regirán en las reservas de Ébano Verde y de Valle Nuevo. Este logro lo estamos alcanzando con el apoyo de la cooperación alemana, como parte del Proyecto de Manejo de la Cuenta Alta del Río Yaque del Norte (PROCARYN). Esto significará una mejora notable en las condiciones de protección de la Cordillera Central, donde nacen los principales ríos de la isla. Este mismo año quedarán concluidos los trabajos de construcción y readecuación de instalaciones de visitación e infraestructura de vigilancia en la Cordillera Central por un valor superior a los 70 millones de pesos.

 Las comunidades aledañas a las áreas protegidas son esenciales en el sistema de protección ambiental. Es indispensable que los hombres y mujeres de estas comunidades conozcan cada vez mejor sus áreas circunvecinas y que, a partir de ahí, aprendan a quererlas y defenderlas. Para lograr esto es importante que esos núcleos humanos puedan producir riquezas haciendo un uso sostenible de los recursos naturales que ellos mismos contribuyen a proteger. Esto lo estamos logrando a través de acuerdos de co-manejo cuyos frutos se pueden constatar en muchos puntos del país, como es el caso del Salto del Limón, en Samaná, y los Saltos de la Damajagua, en la provincia de Puerto Plata. El co-manejo es una expresión de una política de protección integral basada en la participación comunitaria en la gestión y vigilancia de las áreas protegidas.

No hay protección posible de la naturaleza si no se protege a los seres humanos. En la Secretaría de Medio Ambiente entendemos que solo habrá condiciones para una protección efectiva de la estratégica área protegida de Los Haitises si se paga la deuda social contraída con los antiguos pobladores desalojados hace ya 15 años de ese lugar. Durante estos años solo se les ha pagado a los desalojados un total de 8 millones de pesos. El presidente Fernández ha puesto todo su empeño en atender la situación de los afectados, hecho que dejó plasmado en el decreto 17-06 que establece los mecanismos necesarios para tal fin. En el presupuesto de este año 2007 hay consignados 35 millones de pesos aprobados por este Congreso Nacional para el pago a los hombres y mujeres de Los Haitises, fondos que comenzarán a ser desembolsados en las próximas semanas dado los avances logrados en la depuración de las listas de beneficiarios.

 La única reserva de la biosfera de la isla Hispaniola es la Reserva Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. Ya se aprobó su plan estratégico y el gobierno se encamina a su ejecución con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Al mismo tiempo se ha estado trabajando en el diseño de un plan maestro para el desarrollo del ecoturismo en la República Dominicana, en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y con el apoyo de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

En cuanto a la reforma de la ley 202-04, ya he dicho que el trabajo de corrección de la misma no es tarea sencilla. Se trata de un trabajo arduo y complejo que necesita una labor conjunta de lo mejor de los técnicos dominicanos con la comunidad ambiental y el apoyo de la cooperación internacional. Son muchos los países amigos de la República Dominicana que han invertido importantes recursos en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de nuestro país y que manifiestan su preocupación cada vez que se escuchan voces que plantean, bastante a la ligera por cierto, el uso de los recursos de estos territorios tan importantes para la preservación de la biodiversidad.

 Preocupado precisamente por el uso adecuado y sostenible de los valiosos recursos naturales contenidos en las áreas protegidas el propio presidente doctor Leonel Fernández Reyna se reunió en Nueva York a finales del año 2005 con quien fungía en ese entonces como Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), señor Klaus Topfer, a quien requirió una asesoría técnica con relación a las áreas protegidas. Acogiendo la solicitud del presidente Fernández, desde el año pasado expertos del PNUMA han venido trabajando junto a la Secretaría de Medio Ambiente en esta cuestión particularmente sensible.

Los esfuerzos que hemos podido desplegar para consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y garantizar la protección y el uso adecuados de sus recursos naturales no ha impedido que estas áreas hayan seguido siendo objeto de diversas formas de amenazas. Una de esas amenazas ha sido, y sigue siendo, la apetencia desmedida de poderosos grupos nacionales e internacionales que se empeñan en hacer uso de las áreas protegidas o partes de ellas pasándole por encima a la ley y a los compromisos establecidos por la República Dominicana en el ámbito internacional.

Los intentos a los que hago referencia son recurrentes y hemos tenido que salirle al paso en distintas ocasiones, partiendo siempre del respeto a la ley ambiental. Recientemente, durante los últimos meses, en la Secretaría de Medio Ambiente hemos venido recibiendo informaciones diversas acerca del interés de particulares por utilizar terrenos situados dentro de las áreas protegidas. La Secretaría le está prestando todo su concurso al abogado del Estado en su interés de revertir una autorización de deslinde dictada de manera irregular por un tribunal de tierras de la provincia La Altagracia.

También hemos venido recibiendo informaciones, primero de manera aislada y fragmentaria pero luego de manera más articulada y consistente, acerca del interés de determinados grupos de propiciar la reforma de la ley 202-04 sobre áreas protegidas, con el fin de segregar áreas protegidas del sistema pasándolas, por esa vía, del dominio público al dominio privado. Las informaciones recibidas daban cuenta de que se habían estado produciendo reuniones propiciadas por el presidente de la Comisión Permanente e Medio Ambiente del Senado de la República, incluso sin la participación o el conocimiento de todos los integrantes de esta comisión.

A las reuniones de las que tuvimos conocimiento fueron invitados incluso funcionarios de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, quienes advirtieron al presidente de la comisión que un tema de la envergadura de la reforma de la ley sectorial de Áreas Protegidas debía ser conocido por las vías institucionales y que, por consiguiente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente debía ser informada al respecto de manera oficial. A pesar de la advertencia el presidente de la comisión no se dirigió oficialmente a esta Secretaría mientras recibíamos informaciones, por otras vías, de que personas que se prevalían de sus supuestas buenas conexiones se dedicaban a reclutar personal, con las ofertas económicas correspondientes, para trabajar en la modificación de la ley de áreas protegidas.

Cuando estimamos que la gravedad del caso así lo ameritaba decidimos poner la situación en conocimiento de la opinión pública, convirtiendo el tema de la reforma de la ley de Áreas Protegidas en un tema de la agenda pública nacional.

Como es del conocimiento de todos ustedes, honorables legisladores, en un primer momento me limité a señalar que había legisladores que estaban impulsando el plan de reformar las áreas protegidas, sin mencionar ningún nombre en particular.

Las preocupaciones expresadas por los honorables legisladores fueron diversas pero casi todas convergían en el reclamo de que el suscrito les ofreciera mayores detalles acerca de lo que había afirmado. Algunos senadores insistieron en que lo planteado por mi no se correspondía con la verdad, que no había tal intención de modificar la ley de áreas protegidas y que no se había producido ninguna reunión en ese sentido. Entre otros, este fue el caso del senador presidente de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien reiteró su posición a través de varios medios insistiendo, a su vez, en que el suscrito avalara sus afirmaciones.

Atendiendo a diversas solicitudes, el día 6 de junio le informé a la nación acerca de las reuniones que el senador presidente de la comisión había estado encabezando en su despacho con el propósito de modificar las áreas protegidas. El hecho de haber indicado las fechas de dos de esas reuniones hizo que rápidamente el senador Cruz cambiara su discurso público. Dijo que estaba trabajando a favor de la reforma de la ley, aceptó la realización de las reuniones que señalé, precisando sin embargo que su propósito, lejos de ser el de reducir los niveles de protección de las áreas protegidas era el de reforzar estos niveles.

 A raíz de estas declaraciones del senador Rubén Cruz, admitiendo que había estado propiciando reuniones orientadas a la modificación de la ley 202-04, pensé que el caso se estaba cerrando, máxime que el senador Cruz planteaba ahora su identificación con la idea de reforzar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Consideré que el objetivo que nos habíamos propuesto en la Secretaría de Medio Ambiente había sido alcanzado al dar la voz de alarma acerca de la posible modificación de la ley para reducir las áreas protegidas. Pensamos además, que era muy positiva la posición que había pasado a defender el senador hatomayorense.

Luego de la admisión del senador Cruz nos ha sorprendido su insistencia y la de otros senadores, como se expresa en la resolución de interpelación, de que aportemos las bases sobre las cuales nos fundamentamos para hacer nuestra formulación pública.

 Para cumplir con la solicitud que me han hecho los honorables senadores me permitiré leerles una carta dirigida al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciado Roberto Reyna, por la licenciada Tomasina Espinosa de Rodríguez, directora del Instituto Geográfico Universitario.

La carta, de fecha 4 de junio de 2007, dice así:

LECTURA DE LA CARTA DE LA LIC. TOMASINA ESPINOSA DE RODRÍGUEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO UNIVERSITARIO DE LA UASD

 Las aprehensiones que expresa la distinguida académica al rector de la más antigua universidad del continente, adquieren toda su dimensión cuando se conocen más detalles de la reunión en la que ella participó a invitación del senador Cruz, en el despacho de este último.

Esos detalles están contenidos en el informe de la reunión del día 10 de mayo pasado que me remitiera la licenciada Mariana Pérez Ceballos, directora de Información Ambiental de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Me permitiré leer solo partes relevantes de ese informe dada su extensión.

LECTURA DE PARTES DEL INFORME DE LA LIC. MARIANA PÉREZ CEBALLOS, DIRECTORA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA SEMARN

Como podrán observar los honorables legisladores, en las reuniones a las que he hecho referencia se discutió de manera expresa el tema de la exclusión de terrenos de las áreas protegidas. Al ofrecerles las informaciones que acabo de aportar entiendo que he cumplido con la solicitud del Senado de la República.

Ahora bien, lo que me parece más importante es extraer las lecciones positivas del debate que se ha suscitado en torno a las áreas protegidas y a los recursos naturales en un sentido más general.

 Dije, de entrada, que entendía cumplir con un deber institucional respondiendo a la interpelación del Senado de la República. Considero que mi comparecencia debe ser vista como parte del necesario proceso de consolidación institucional que ha venido construyendo nuestro país a lo largo de los últimos años. Las armoniosas relaciones entre las funciones o poderes legislativo y ejecutivo son no solamente necesarias sino muy beneficiosas para el desarrollo institucional del país.

Al considerar comprensibles las inquietudes de los honorables legisladores y al ofrecer las aclaraciones solicitadas espero que puedan abrirse caminos de la mejor colaboración posible entre el Congreso Nacional y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Durante los últimos meses he asistido en dos ocasiones a sesiones de trabajo en la Cámara de Diputados, invitado por la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales de ese cuerpo legislativo. La primera vez asistí para responder a inquietudes de los honorables diputados. La segunda para presentarles los borradores de dos anteproyectos de ley que han sido preparados por la Secretaría de Medio Ambiente. El primero de estos anteproyectos es el de la ley sectorial de biodiversidad, y el segundo de seguridad de la biotecnología o de bioseguridad.

Honorables senadores, tenemos mucho qué hacer juntos en favor de nuestro país. Hagamos de la modificación de la ley 202-04 una gran oportunidad para corregir una ley que presenta las dificultades que expuse anteriormente. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente le propone al Congreso Nacional que juntos nos aboquemos a tener áreas protegidas más protegidas en el menor plazo posible. Al hacerlo, les reitero a todos y cada uno de ustedes que en el debate que se ha producido no he querido poner en entredicho la integridad personal de ninguno de ustedes y de manera particular la del senador Rubén Cruz.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales pondrá todo cuanto esté a su alcance para que este proceso se caracterice como un proceso ampliamente democrático y participativo y que, en tal virtud, las organizaciones ciudadanas y en particular el creciente movimiento ambientalista dominicano tenga una participación destacada, a la altura del compromiso que ha asumido en defensa de los recursos naturales de nuestro país.

Estoy convencido de que juntos podemos hacer un muy buen trabajo. Con ello cuidaremos mejor nuestro jardín nacional y estaremos contribuyendo a construir un mejor planeta, más justo y solidario y mejor atendido ambientalmente hablando.